“La deuda del Ayuntamiento la estamos financiando empresas y trabajadores”

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Fuente: Aragon Social

Hasta 11 meses de retraso acumula el Ayuntamiento a la hora de pagar las facturas de los servicios de infancia y juventud a las empresas y entidades sociales que las gestionan. La situación es completamente insostenible y cada vez más trabajadores no reciben sus nóminas.

Fotografía: Aragón Social Los trabajadores del CTL Musaraña son algunos de los que llevan más de dos meses sin cobrar su nómina.

16/05/2012 G.Lázaro. Aragón Social

Todas las tardes, de 17:00 h a 20:00 h, los gritos de los niños y niñas que juegan en el patio delCTL Musaraña, en Las Delicias, se cuelan en el local que Aragón Social tiene a modo de redacción. Pero esos gritos podemos dejar de escucharlos pronto si el Ayuntamiento no resuelve, de manera urgente, la grave situación que ha provocado con sus retrasos en el pago de las facturas a empresas y entidades que gestionan servicios sociales municipales ya que la empresa que gestiona el servicio está valorando la posibilidad de suspenderlo.

“El Ayuntamiento no tiene problemas económicos ni de liquidez, ha sido un problema puramente técnico”. Con estas palabras contestó la semana pasada el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, al comunicado de prensa con el que que UGT denunciaba que 60 educadores no estaban cobrando su nómina. “Si no llegan a caja las certificaciones que tienen que hacer los técnicos es imposible que se pueda pagar”, sostuvo, algo que tiene “muy poca credibilidad” para alguna de las entidades afectadas que responden que “un retraso de 1 mes puede ser un problema técnico, uno de más de 8 no”.

Si bien el retraso afecta a todas las entidades que gestionan servicios municipales “como al resto de proveedores del ayuntamiento de otras áreas”, en algunas la situación es completamente insostenible y la principal consecuencia es que muchos de los profesionales están dejando progresivamente de cobrar las nóminas.

“Nosotras asumimos el impago del Ayuntamiento”

Dos meses de retraso “y ya nos ha dicho la empresa que este tampoco nos podrá pagar si no entra dinero”. Esta situación se repite en diferentes programas municipales de infancia y juventud. “A la empresa no le pagan y nosotras somos las que terminamos asumiendo la situación”, nos dice una trabajadora de una Casa de Juventud que gestiona Trazgo. El anuncio que la empresa ha hecho de que puede suspender el servicio se ve con inquietud, “ya que iríamos al paro cobrando el 70% de nuestros salarios, que ya de por sí son bajos”. La única solución pasa porque “el ayuntamiento pague”, nos dice, mientras no descarta que se pueda denunciar directamente al municipio “ya que como contratista de un servicio, es responsable solidario de la deuda de la empresa subcontratada con el personal”.

Otra profesional, en este caso de Gabinete de Trabajo Social, que también prefiere mantener el anonimato nos relata que llevan así desde el mes de noviembre. “Continuamente nos deben dos nóminas. Cuando se va a cumplir el tercer mes sin cobrar, nos meten dinero y así no podemos reclamar la rescisión de los contratos”.

Prefiere no hablar de las situaciones personales que genera este impago y que cada uno lleva “como puede” pero si admite que “aunque hay contactos con trabajadores de otras empresas, cuesta mover. Aunque dicen que te entienden, hasta que no se ven en la misma situación, la reacción y la movilización no llega”.

“Lógicamente el Ayuntamiento es responsable, pero cuando hay otras empresas a las que se les debe más y desde hace más tiempo y sí pueden pagar, parece que también ha habido una mala gestión por parte de la empresa”. Gabinete cobró sus últimas facturas en el mes de noviembre.

“Es inviable solicitar créditos”

Francisco Peña, gerente de Trazgo Servicios Sociales, es uno de los primeros empresarios que ha dado el paso de hacer pública la situación “por responsabilidad y por respeto a los trabajadores” aunque es consciente que ello le “puede pasar factura” ya que a los políticos no les gusta escuchar estas cosas.

Por los 11 proyectos municipales que gestiona (6 ludotecas y centros de tiempo libre, 4 casas de juventud y un programa de educación de calle), el Ayuntamiento les debe pagos que acumulan ya 8 meses de retraso hasta completar una cuantía de unos 500.000 €, habiendo tenido que adelantar las nóminas y la seguridad social de 6 mensualidades “sin haber recibido un sólo euro”. “Es más”, añade, “también hemos tenido que pagar el IVA de unas facturas que no hemos cobrado”.

Desde Trazgo se reconoce que no han podido hacer frente a dos mensualidades, si bien han intentado cubrir aquellas situaciones puntuales más complejas “trabajadoras que tenían que hacer frente a la hipoteca, con niños…”. Así mismo, resaltan “la profesionalidad de la plantilla” que han continuado haciendo su trabajo, pero añade que la situación ya se ha hecho “insostenible” para la empresa y los 30 empleados afectados.

Peña explica que el sector de infancia y tiempo libre es un sector “muy precarizado”, y pese a que “el 85% de la plantilla son titulados universitarios”, los salarios (sumados a las jornadas a tiempo parcial que desarrollan) indican que existe una baja consideración hacia estos profesionales que desarrollan una importante labor educativa con niños y jóvenes.

A las declaraciones de Fernando Gimeno, Francisco Peña, responde que no se trata de un problema técnico un retraso de 8 meses en pagar y que a diferencia de otras empresas, estos servicios destinan un 80% a personal y seguridad social, con lo que no tienen apenas margen para negociar aplazamientos de pago con proveedores. A la vez, es “inviable solicitar créditos, ya que las entidades bancarias no financian nada de que venga de lo público aunque haya contratos de por medio”.

“Estamos trabajando pero sin cobrar”, afirma Peña, por lo que las empresas (de todos los servicios, no sólo los sociales) se convierten en la principal fuente de financiación del ayuntamiento, “y con un interés del 0%”. Del plan de pagos del ICO, que comenzará a saldarse en las próximas semanas, a la empresa sólo le afecta al 25% de las facturas; si bien confía que “como ha entrado dinero con el cobro del IBI”, se pueda hacer frente a alguna factura pendiente más-

Pero si no hay una solución, se volverá a reunir de manera inminente con las representantes sindicales, y le plantearán al Ayuntamiento la suspensión temporal, “no permanente”, del contrato. Esta fórmula reconocida por la Ley de contratos administrativos, implica que el servicio dejará de ser prestado hasta que se salde la deuda, aunque si se quiere reclamar intereses obliga a ir “a un proceso judicial”, ya que la administración no reconoce esta obligación con el fin de poder pagar menos.

Peña considera que es el momento de que todo el sector actúe conjuntamente y que no se visualice únicamente a aquellas entidades con problemas de pagos, ya que todas están siendo igual de maltratadas por el Ayuntamiento. Así mismo cree que la ciudadanía en general debe “pedir responsabilidades” porque estamos hablando de “servicios públicos”.

“Las pequeñas entidades sin ánimo de lucro estamos al límite”

Pero no es éste un problema exclusivo de Trazgo. La Presidenta de Os Mesaches, Belinda Martínez, ya está cansada de “buenas palabras” y de que nos digan “que van a pagarnos”. A su asociación, que gestiona 2 Centros de Tiempo Libre (Barbol y Os Mesaches) y un programa de educación de calle, se le adeudan 180.000 €. “Ya hace meses que sólo podemos pagar la seguridad social, pero si en junio no entra dinero, tampoco podremos hacerlo”, por lo que también se plantean la suspensión del servicio a la “nos van a obligar a cerrar”.”Estamos al límite”, añade.

Os Mesaches ya ha avisado al Ayuntamiento, aunque cuando han pedido reunirse con los responsables políticos “no están o tienen la agenda apretada”. “Si no se pueden permitir el servicio, que nos lo digan y nos vamos al paro”, añade, “pero que no nos den largas”.

Hasta ahora, la financiación que han obtenido ha sido a través de prestamos avalados personalmente, “pero esa financiación se ha terminado, además de que esos intereses que tenemos que asumir, no nos los devuelve el Ayuntamiento”.

Belinda cuenta que se les debe dinero desde agosto de 2011, “ahora no hay excusas porque ya son centros adjudicados en concurso” y tampoco se cree las palabras de Fernando Gimeno: “Hemos presentado las facturas a tiempo y desde acción social también se tramitaron. Si no hay dinero que lo digan”, porque de las facturas del ICO “sólo nos han metido 16.000″ € de los 60.000 € que adeudan desde el año pasado.

Por su parte, a Gusantina le ingresaron su último pago en junio de 2011, al igual que a Pandora. La primera ya no ha podido pagar la nómina a sus 15 trabajadores, aunque alguno de los socios “se ha ofrecido a realizar préstamos personales a los trabajadores”. La segunda, de momento, está pudiendo sobrevivir a base de créditos y préstamos de particulares, “aunque si no entra dinero pronto, junio puede ser un problema”. A su vez, las facturas del programa del Gobierno para pago de proveedores a través del ICO, no van a paliar por igual la situación de las entidades: Mientras Pandora tiene 3 facturas en el programa, Gusantina no tiene ninguna. En El Trébol, aún con una situación parecida, no parece que se tengan que dejar de pagar nóminas inminentemente, ya que están “tirando de créditos”.

“El ayuntamiento siempre ha pagado mal”, nos cuentan desde otra de las entidades que prefiere no ser identificada. “El problema se genera ahora cuando los bancos no nos amplían las lineas de crédito y que salgan a la luz pública este tipo de noticias, nos perjudica a la hora de negociar con ellos”. “Para que el Ayuntamiento pueda cumplir la ley de pagar en 45 días, debe cambiar su estructura administrativa” pues en tramitarse el cobro ya se tardan 3 meses. Respecto al problema de los impagos a trabajadores, este responsable nos señala “que hay otras empresas que deben 4 ó 5 nóminas y no sale en prensa. Nosotros debemos dos y se hace público”.

“Calma y tranquilidad”

La adjudicataria que más centros tiene concedidos es PRIDES, que gestiona 30. La deuda que acumula el Ayuntamiento con ellos es, por tanto, la de mayor cuantía. PRIDES es una cooperativa donde sus responsables hipotecaron sus propias viviendas para poder acceder a financiación. “Calma y tranquilidad” asegura Javier, uno de los socios. “Tenemos un margen de varios meses, y si, como parece ser, vamos a cobrar las facturas del ICO, terminaremos el año sin agobios”.

La clave para que económicamente puedan sobrevivir al retraso es, a su juicio, la previsión que han hecho durante años anteriores, reinvirtiendo una importante parte de los beneficios en aprovisionar a la entidad, “en lugar de repartir esos beneficios entre los socios”, permitiéndoles ir ampliando la linea de crédito que mantienen con la banca. Por tanto, los profesionales que trabajan en PRIDES, son de los pocos que pueden estar tranquilos y que tienen garantizado poder cobrar sus nóminas, al menos, en el medio plazo.

“Seguimos trabajamos porque nos creemos lo que hacemos”

El problema de los impagos alcanza también al Consejo de la Juventud de Zaragoza, cuyos trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar las nóminas, aunque continúan desarrollando sus tareas “porque más allá de ser un trabajo, nos creemos lo que hacemos y queremos contribuir a que nuestra ciudad sea un poco mejor”. Así mismo recuerdan que ellos pagan “la mala gestión municipal, y a veces de la propia empresa” y que la situación viene repitiéndose desde “que en 1985 se privatizaron muchos de los servicios públicos”. El CJZ, gestiona servicios punteros de apoyo al asociacionismo como es el Centro de Servicios para actividades Juveniles o el Centro de Préstamo, servicios utilizados por el tejido asociativo de esta ciudad, en concreto por 1.424 entidades, y con una valoración muy positiva por parte de las entidades y asociaciones de Zaragoza. En lo que va de año, el Centro de Préstamo ha sido utilizado por más de 100.000 personas.

“No hay quien se crea que el Señor Gimeno diga que es un fallo técnico. La voluntad política es importante y en muchas ocasiones nos han demostrado que esa voluntad no está en el desarrollo e implementación de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, sino en grandes proyectos que solo sirven para hacer un negocio privado con dinero público”. Consideran que es en época de crisis cuando “más inversión en servicios públicos debe de hacer cualquier administración, para poder alcanzar la igualdad de oportunidades”.

Los trabajadores del CJZ denuncian “que no es de recibo que estén muchos meses sin cobrar porque el Ayuntamiento y su maquinaría técnica no ordene adecuadamente sus pagos, porque los servicios no se paran” y acusan al mismos de “desentenderse y de permitir “que las empresas gestores antepongan su ánimo de lucro a las responsabilidades salariales con los profesionales” a la vez que valoran la situación como “inadmisible”.

“El presupuesto del Ayuntamiento se aprueba cada vez más tarde, lo que ahoga a las pocas entidades sociales que intentan gestionar los servicios de la administración aunque para ello tengan que cargar con los intereses bancarios derivados de préstamos y créditos para poder funcionar, mientras el Ayuntamiento no ingresa el dinero de convenios y contratas de gestión”, señalan, a la vez que indican que “cualquier recorte en lo social, responde a un criterio político, nunca a uno económico por más que así nos lo digan.

Desde el propio Consejo “apoyan y ponen en valor a todas las personas que trabajan en el desarrollo de las políticas dirigidas a jóvenes” y defienden un modelo que no esté basado en la privatización de los servicios o la construcción de infraestructuras” mientras apuestan por otro “público, que potencie lo social y la democracia participativa real”.

Se muestran así mismo, “disconformes” con la eliminación de la Concejalía de Juventud porque sin ella no existe “adecuada planificación y seguimiento, ni unos objetivos claros” y temen que peligre el Consejo Nacional de la Juventud de Aragón lo que puede suponer “el fin de las políticas de juventud, construidas por los jóvenes de forma proactiva y participativa”.

Cuando los servicios sociales pasan a ser financiados por las nóminas de los y las trabajadoras, algo funciona mal. Y no es un fallo técnico sino estructural. ¿Hasta cuándo?